• jtmejia

Editorial

Actualizado: hace 5 días

Derrotar al gobierno

Los gobiernos se sostienen por su alianza con los grupos de poder. Con la reducción del 5% a las pensiones de los jubilados, y el incendio en la reserva Indio-Maíz, el gobierno perdió el apoyo de los estudiantes y eventualmente el apoyo del COSEP. Los grandes empresarios se han pronunciado en contra del gobierno, pero no es claro que hayan dejado de apoyar al gobierno. El apoyo de los empleados públicos es para que ellos puedan conservar el salario.


Desde hace muchos años el gobierno ha otorgado prebendas al ejército, bajo la forma de empleos para los militares jubilados, y mantener al general Avilés en el mando supremo.

Se dice que las protestas de 2018 en Nicaragua fueron una serie de manifestaciones que se iniciaron el 18 de abril de 2018 por las reformas al sistema de seguro social. Sin embargo, algunos piensan que las protestas comenzaron el 7 de abril con el incendio en la reserva Indio Maíz. También se aduce que hubo represión por parte del gobierno y la policía nacional a dichas protestas y que causó alrededor de 325 personas fallecidas, la cual fue condenada por ACDH de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes.​ El 22 de abril el presidente Daniel Ortega revocó las reformas al Seguro Social que originaron las protestas.


El caso de la policía es más complicado, primero le quitaron el mando a Aminta Granera, pasando a jubilación a sus segundos, los comisionados leales a ella, y le asignaron a Aminta un papel protocolario. Finalmente promovieron al general Francisco Díaz, consuegro del presidente.



Francisco Javier Díaz Madriz (Chinandega, 3 de agosto de 1961)1​ es un abogado y policía nicaragüense. Es el actual Director General de la Policía Nacional de Nicaragua. Fue nombrado por el presidente Daniel Ortega el 5 de julio de 2018,​ varios meses después de la renuncia de su predecesora Aminta Granera durante las protestas de 2018 y la ola de críticas por la respuesta policial.​ El nombramiento fue hecho público el 23 de agosto y Díaz asumió oficialmente el 5 de septiembre del mismo año.


Nació en Chinandega, el 3 de agosto de 1961. Francisco Díaz Madriz fue sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 5 de julio de 2018 -pocas horas antes de su nombramiento bajo la Ley Magnitsky, por "serios abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua” por parte de la policía.


La salida de la Primera Comisionada Aminta Granera como jefa de la Policía Nacional no fue un hecho digno, todo lo contrario. Luego de casi 13 años al mando de esta institución, y en medio de la brutal represión que se ha saldado con cientos de muertos desde el 18 de abril, el gobierno de Daniel Ortega la reemplazó sin ceremonias por el segundo al mando, el subdirector Francisco Díaz.



Algunas personas dijeron que Granera "se fue por la puerta trasera", contrastando sus índices de popularidad máximos en todas las encuestas durante años con el desgaste de esa estima en los últimos años y el final deslegitimado de su mandato. ¿Pero ella realmente se fue por la puerta trasera? ¿Fue ella la responsable del deterioro institucional de la Policía o fue Ortega quien la arrastró al abismo? ¿O ambos pusieron su granito de arena en lo que ahora se considera la desnaturalización de la Policía Nacional? Trataré de responder a estas preguntas revisando los dos principales desafíos que enfrentó Granera cuando asumió el mando de la Policía Nacional en septiembre de 2006.


Para evaluar a Aminta Granera con honestidad, primero debemos dejar descansar meses de dudas y confusión alimentados por la falta de claridad oficial: no fue despedida; ella renunció. Y no lo hizo el 31 de julio, fecha que el decreto presidencial 113 A-2018 de Ortega estipulaba como fin oficial de su carrera. Varias fuentes policiales dicen que Granera comunicó su decisión a Ortega, por ley el Jefe Supremo de Policía, el 20 de abril, tres días después de la creciente protesta y su violenta represión por parte de la policía antidisturbios y parapoliciales. Fue el mismo día en que una bala en el cuello acabó con la vida de Álvaro Conrado, de 15 años, la víctima más joven para ese entonces, disparada mientras llevaba agua a los manifestantes. Estas fuentes dicen que se opuso a la idea de que Ortega culpara a su comando por la gran cantidad de muertes por represión policial y parapolicial que ya eran predecibles. Ese número a estas alturas oscila entre 322 y 512, según los recuentos de varias organizaciones nacionales de derechos humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Tampoco se hizo público el decreto de Ortega el día de su emisión. Solo fue promulgada en el diario oficial La Gaceta el 23 de agosto, cuatro meses y tres días después de que presentó su renuncia.

El gobierno se mantiene por el apoyo del Gral. Avilés y el de la policía nacional. Sin fuerza coercitiva, el gobierno caería de inmediato, o saldría huyendo con el rabo entre las piernas. El apoyo de los políticos en la asamblea nacional y puestos clave del gobierno, no significan nada.

Para derrotar al gobierno, hay que negociar la rebelión del ejército. La policía es secundaria porque Francisco Diaz se irá con su consuegro.■

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