• Héctor Mairena

Editorial Agosto 2021

Actualizado: 16 ago 2021

Los dilemas de la oposición en Nicaragua


El pasado 20 de mayo se dieron dos hechos que han marcado el inicio de una nueva embestida represiva del régimen de Daniel Ortega. Ese día, efectivos policiales allanaron la sede de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH) y simultáneamente hicieron lo mismo con las oficinas de Carlos Fernando Chamorro, director de la publicación digital Confidencial y de dos programas de televisión.

A la vez, el Ministerio de Gobernación anunció que investigaba a Cristiana Chamorro por “lavado de dinero” con fondos de la FVBCH. Dicha fundación cerró operaciones en febrero del presente año, precisamente por las presiones y amenazas que ha significado la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en el último trimestre del 2020, para todas las asociaciones civiles.


Luego de eso se han sucedido hechos no menos graves: una acusación penal contra Cristiana Chamorro, el allanamiento a su casa y declaratoria de arresto domiciliar, inhibición de facto de su precandidatura presidencial, sin que exista sentencia en un juicio aun no trabado, dos ex funcionarios de la Fundación secuestrados y, asociado a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público contra Cristiana Chamorro, han sido citados más de treinta ciudadanos a la Fiscalía. Hay al menos seis imputados en la causa.

El sábado cinco de junio, Arturo Cruz, precandidato presidencial del partido Ciudadanos por la Libertad, fue detenido a su ingreso a Managua y está bajo investigación por supuestamente atentar contra la “sociedad” nicaragüense de conformidad con la Ley No. 1055 “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”.


Y en un día de cuchillos largos, el 8 de junio, el orteguismo llevó a cabo una cacería: detenciones de los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y de Violeta Granera y José Adán Aguirre, dirigente de la UNAB y de la Alianza Cívica respectivamente.

Mientras, hay más de ciento veinte presos políticos y se mantiene el acoso a otros muchos dirigentes opositores, sobre los cuales pende sobre sus cabezas como espada de Damocles, cualquier acción represiva.


La arremetida del orteguismo que por lo visto solo tiende a agravarse, fue desatada dos semanas después de haber aprobado en la Asamblea Nacional, las reformas a la Ley Electoral, que afianzan su control sobre todo el proceso y aparato electoral y obstaculizan -hasta impedir- la libre participación de la oposición en las elecciones. Reformas que están a contrapelo de lo demandado por las principales fuerzas de la sociedad nicaragüense y lo planteado por la Asamblea General de la OEA en octubre del 2020.

Y en esa escalada represiva, la condición social, el nivel de reconocimiento o prestigio de los reprimidos, no importa. El orteguismo ha desatado la barbarie que parece no tener límites ni distinciones.


La pregunta es ¿por qué Ortega hace esto, exactamente a cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre?


Es evidente que los Ortega Murillo han decidido mantenerse en el poder, a cualquier costo. Ya en el 2018, demostraron que estaban dispuestos a ello, a sangre y fuego. Ahora lo están demostrando, haciendo uso de leyes espurias, de la acción represiva institucional y de la fuerza bruta. De lo que sea necesario, de lo que las circunstancias le exijan, sin guardar las formas ni las apariencias.


Esa decisión manifiesta y en ejecución, de los Ortega Murillo tiene un doble propósito.

Primero, descabezar a la oposición. El despojo a la personalidad jurídica del PRD, dejó huérfana de vehículo electoral a la Coalición Nacional, las detenciones de cuatro pre candidatos presidenciales significa su virtual salida de la contienda.


El hecho que el allanamiento y detención de Cristiana Chamorro, momentos antes que anunciara su inscripción en el proceso de selección del partido Ciudadanos por la Libertad, no es ninguna casualidad. Como no lo es que la escalada represiva y las amenazas explícitas, se hayan intensificado, inmediatamente después que el partido CxL, anunciara su anuencia a la participación en ese proceso a los precandidatos de la Coalición Nacional.

De otra parte, el régimen persigue callar al periodismo independiente cuya incidencia y credibilidad es determinante en la opinión pública nicaragüense.


Voceros oficiosos del régimen han referido que el objetivo de esta operación represiva es “limpiar la mesa”, de cara a las elecciones.


Pero hay otro perverso propósito en todo esto: intimidar a la población y en consecuencia promover la resignación y el abstencionismo.


Un desafío además, a la comunidad internacional que ha insistido en la necesidad de elecciones libres y justas.


La oposición nicaragüense ha señalado repetidamente que la vía para conquistar la democracia es pacífica y cívica, y en particular la vía electoral, pero al mismo tiempo ha demandado las condiciones habilitantes y electorales apropiadas que permitan el ejercicio de la soberanía popular. Hoy por hoy no existen, ni las unas ni las otras.


Ante ello la oposición nicaragüense enfrenta un dilema: ¿cómo mantener la posibilidad de la vía electoral en condiciones como las que actualmente vive el país? ¿renunciará a las elecciones? y en tal caso ¿qué camino seguir?


La respuesta no es fácil y sin duda lo que decida, y sobre todo lo que haga, marcará el derrotero de los próximos meses.


El orteguismo estratégicamente está derrotado y se sostiene en el poder solo por el control del aparato represivo. Su base política se ha visto disminuida en los últimos tres años, pero también hay que decir que se ha visto oxigenado financieramente, por fondos aprobados antes de abril del 2018 y por los recibidos a raíz de los huracanes Eta e Iota, y la pandemia de COVID-19.


Está claro que la alianza del gran capital con Ortega se rompió en el 2018 y hasta ahora no se ha reconstruido, pero el orteguismo aspira a hacerlo y no se puede descartar que lo logre, al menos parcialmente. Todavía está por verse qué impacto tendrá en ese propósito la arremetida de los últimos días.


Parece inminente que la comunidad internacional pase de las declaraciones a nuevas y más fuertes acciones de presión contra Ortega, aunque a este eso parece importarle poco para continuar su plan. Sin embargo, las nuevas sanciones individuales que podrían darse golpearán al círculo del régimen y el bloqueo a Nicaragua en el acceso a financiamiento, sí tendrían consecuencias, con independencia que el régimen lo niegue o lo disimule.

El partido Ciudadanos por la Libertad, que preserva tanto su personalidad jurídica como credenciales de partido opositor, está ante el dilema de aceptar las condiciones que Ortega ha impuesto, yendo a las elecciones en cualquier circunstancia con cualquier candidato y legitimar el "triunfo" de Ortega a cambio de unas curules. O de enfrentar al régimen, con lo cual, ciertamente, su vida legal estaría en riesgo.


En cualquier caso es imprescindible señalar lo siguiente: Nicaragua acumula una ya prolongada crisis cuya solución es en primer lugar política: elecciones libres, tránsito a la democracia.


Si en noviembre, no hay elecciones libres, si todo se reduce a una farsa, solo se estarán acumulando más factores para un nuevo estallido político, tan o más costoso que el de abril del 2018, por eso, una verdadera solución es urgente. ■

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